Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y una de las personas investigadas dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rompió su silencio después de casi un año y medio y concedió una extensa entrevista a la Revista Cambio, en la que cuestionó duramente al expresidente Gustavo Petro, a Laura Sarabia, al exdirector del DAPRE Carlos Ramón González y a la Fiscalía General de la Nación. Ortiz defendió nuevamente su inocencia y sostuvo que su proceso judicial habría sido utilizado como una “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables del saqueo de la UNGRD.

Uno de los señalamientos más fuertes de Ortiz está dirigido contra el entonces presidente Gustavo Petro. La exfuncionaria aseguró que dentro del Gobierno existía un nivel de conocimiento y control político mucho mayor del que se ha reconocido públicamente. En la entrevista afirmó: “Nada se movía en el Gobierno sin que el presidente Petro supiera”, una declaración con la que busca poner en duda la posibilidad de que las decisiones relacionadas con la UNGRD se hubieran tomado completamente al margen del mandatario. Ortiz también habló de su relación con Laura Sarabia y Carlos Ramón González, dos figuras de gran influencia durante la administración anterior.

La exconsejera también cuestionó de manera directa la investigación adelantada por la Fiscalía durante la gestión de Luz Adriana Camargo. Según Ortiz, su caso presenta graves inconsistencias y considera que fue vinculada a la investigación mediante elementos que, desde su perspectiva, no demostrarían su responsabilidad. Ortiz habría sido imputada con base en un contrato falso y en el testimonio de Pedro Castro, conocido como el “prestamista”. Ortiz sostiene que ese testimonio no corresponde con la realidad y asegura tener pruebas para defenderse de las acusaciones formuladas en su contra.

La controversia alrededor de Ortiz forma parte del enorme expediente de la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que golpearon al gobierno Petro. La investigación ha involucrado a funcionarios, exfuncionarios y contratistas, mientras la Fiscalía ha intentado establecer cómo se utilizaron recursos y contratos de la entidad. En su nueva versión, Ortiz busca darle un giro a la historia al sostener que ella terminó convertida en una de las responsables visibles mientras otras personas que, según su relato, tendrían mayor responsabilidad no habrían sido señaladas con la misma intensidad.

Ortiz también cuestionó la manera como fueron construidas las pruebas en su contra y manifestó que está dispuesta a presentar elementos que, según afirma, podrían modificar el rumbo de su proceso. La exfuncionaria considera que su caso fue utilizado para proteger a otros actores involucrados en el escándalo y sostiene que la investigación presenta errores que deberían ser revisados por las autoridades judiciales. Sus declaraciones llegan además en un momento en que la Fiscalía continúa enfrentando cuestionamientos por la manera en que ha manejado diferentes expedientes relacionados con antiguos funcionarios del gobierno Petro.

Los señalamientos de Ortiz adquieren mayor relevancia porque se producen mientras otros procesos relacionados con antiguos integrantes del Gobierno avanzan judicialmente. Por ejemplo, la Fiscalía prepara la imputación de Laura Sarabia por los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza. La audiencia fue programada para el 14 de septiembre y la exfuncionaria enfrenta una investigación por presunto abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

En ese contexto, las declaraciones de Sandra Ortiz vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del gobierno Petro y el manejo que tuvieron funcionarios de alto nivel frente a los diferentes escándalos que surgieron durante esa administración. Ortiz no solo insiste en que es inocente, sino que plantea que su proceso debe analizarse dentro de una estructura política mucho más amplia. Sus afirmaciones, sin embargo, corresponden a su versión de los hechos y deberán ser contrastadas con las pruebas y decisiones que adopten las autoridades judiciales.