El expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes 4 de septiembre a la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria dentro de la investigación que busca establecer su posible responsabilidad en hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia durante la década de los 90.
Antes de ingresar a la sede del organismo judicial en Bogotá, Uribe aseguró que comparecía con tristeza y por respeto a la Constitución, a su familia, a los colombianos y a la justicia. El exmandatario, quien fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, rechazó los señalamientos que lo vinculan con las incursiones paramilitares investigadas.
“Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, afirmó Uribe ante los medios de comunicación. El expresidente también sostuvo que las acusaciones hacen parte de una serie de señalamientos que, según él, han sido promovidos por sus adversarios políticos.
La investigación de la Fiscalía también incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado la presencia y actuación de grupos paramilitares en Ituango y cuestionado la posible connivencia de integrantes de la fuerza pública con esas estructuras.
El expediente contempla además señalamientos relacionados con la presunta conformación y operación de un grupo paramilitar en Antioquia. La Fiscalía investiga posibles conductas como concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Uribe, por su parte, ha negado las acusaciones y ha defendido su actuación durante su trayectoria política.
Durante su pronunciamiento, el expresidente también hizo referencia a su oposición al gobierno de Gustavo Petro y aseguró que, pese a sus profundas diferencias políticas, considera que incluso sus adversarios deben contar con las garantías constitucionales que él reclama para sí mismo.
La diligencia se produce en un momento especialmente sensible para la familia Uribe, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara en junio una condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por su vinculación con la creación del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles.
