El agente interventor de Air-e, Jaime Mesa, salió al paso de la polémica generada por la firma de un contrato entre la empresa intervenida y la compañía china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), orientado a financiar inversiones en la infraestructura eléctrica de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Durante una rueda de prensa este lunes, Mesa aclaró que, pese a la firma, todavía no existe un crédito aprobado ni un desembolso de recursos, y que cada proyecto deberá pasar por un comité antes de recibir financiación.
El interventor explicó que las negociaciones con CMC llevan más de un año en curso, pero permanecieron congeladas debido a la delicada situación financiera de Air-e. Según relató, el proceso arrancó con un acuerdo de confidencialidad firmado el 28 de enero de 2025, siguió con un memorando de entendimiento el 3 de octubre de ese año y una primera acta de trabajo el 29 de diciembre. Las conversaciones se reactivaron después de que el Gobierno nacional anunciara su intención de destinar $1,5 billones para saldar obligaciones con el mercado generador, una medida que reduciría los pasivos de la compañía y mejoraría sus estados financieros, lo que devolvió la confianza de los inversionistas.
Mesa también respondió a las dudas sobre si el contrato requería el aval del Gobierno actual, señalando que, como agente especial, cuenta con autonomía para tomar decisiones en favor de la empresa intervenida, sin que el superintendente de Servicios Públicos pueda darle órdenes directas. Frente a la revisión que adelanta la Procuraduría sobre el acuerdo con la firma china, indicó que el ente de control solicitó información sobre cómo se estructuró la negociación y qué compromisos asumiría Air-e, una solicitud que calificó como pertinente.
Sobre el futuro del contrato ante un eventual cambio de interventor, Mesa precisó que el acuerdo podría continuar aunque él deje el cargo, ya que aún debe surtir etapas como la firma de un acta de inicio y la convocatoria de comités antes de ejecutarse. No obstante, aclaró que la decisión final sobre su continuidad quedará en manos de quien lo suceda, pues la ley faculta al agente interventor para terminar los contratos que considere que no responden a las necesidades de la intervención.
