La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue avanzando. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el debate probatorio e incorporar nuevas evidencias dentro del proceso que adelanta contra los expresidentes del Congreso, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes permanecen privados de la libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción. Entre las pruebas aceptadas figura el testimonio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien deberá explicar aspectos técnicos relacionados con el trámite de la reforma pensional. Según la investigación, esta iniciativa del Gobierno habría sido una de las que presuntamente buscaban impulsar mediante el pago de sobornos a congresistas, por lo que su declaración podría aportar elementos clave para esclarecer los hechos.
La Corte también autorizó la incorporación de documentos relacionados con el origen de un supuesto préstamo de 2.800 millones de pesos que, según el expediente, Pedro Castro, conocido como “el prestamista”, habría entregado al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Ese dinero, de acuerdo con la investigación, habría servido para financiar el pago de sobornos destinados a garantizar el respaldo del Congreso a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Otra de las líneas que serán profundizadas corresponde a movimientos financieros y operaciones con criptomonedas, elementos que la Corte considera relevantes para reconstruir el recorrido de los recursos presuntamente utilizados dentro del esquema de corrupción. Estas pruebas habían sido rechazadas inicialmente por la Sala de Primera Instancia, pero fueron admitidas tras un recurso, al considerar que pueden ser determinantes para establecer responsabilidades.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz habría sido la encargada de entregar 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, mientras que Pinilla habría entregado 1.000 millones de pesos al representante Andrés Calle en Montería. Ambos congresistas han rechazado las acusaciones, mientras la Corte continúa recopilando pruebas para definir su responsabilidad dentro del mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la UNGRD.
