El Consejo de Estado negó en segunda instancia la pérdida de investidura de ocho congresistas que participaron en 2024 en la denominada ‘vaca’ promovida en Antioquia para recaudar recursos destinados a las vías de cuarta generación (4G). El alto tribunal determinó que no existían razones jurídicas para decretar la llamada ‘muerte política’ de los legisladores.
La demanda cuestionaba los aportes realizados por los congresistas, al considerar que podían configurar una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para los legisladores. Los aportes estuvieron entre uno y 1,5 millones de pesos y posteriormente los recursos fueron devueltos por la Gobernación de Antioquia.
Entre los congresistas relacionados con el proceso se encuentran Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Julián Peinado, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid y John Jairo Berrío. El Consejo de Estado concluyó que no se acreditó la existencia de un contrato estatal entre los parlamentarios y el departamento de Antioquia, requisito determinante para configurar la causal alegada.
La decisión también tuvo en cuenta que no se demostró que los congresistas hubieran obtenido un beneficio personal o particular con sus aportes. Según el alto tribunal, el dinero estaba destinado a financiar obras de infraestructura cuyo beneficiario era la comunidad, por lo que no se configuró la conducta que pudiera llevar a la pérdida de investidura. Con esta decisión, los congresistas conservan su investidura.
