En su alocución del lunes 12 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella dijo que el país conocerá esta semana dos instrumentos que, según él, el gobierno anterior no quiso tener “porque prefería la ambigüedad”. El primero es un decreto que busca distinguir la protesta legítima de las conductas delictivas. Su regla, dijo, es que no habrá “ni un derecho menos” para quien protesta en paz ni “un espacio más” para quien destruye y hace terrorismo urbano.
Afirmó que la fuerza pública no intervendrá con quien marche sin agredir, pero que no habrá más bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio. También dijo que agredir, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta se tratará como delito.
El segundo instrumento es un estatuto antiterrorista que se radicará en el Congreso, por lo que será el Legislativo quien lo discuta, según el presidente. Según lo que explicó, el proyecto contempla un registro de organizaciones terroristas, la posibilidad de congelar bienes, restricciones para contratar con el Estado y penas severas por usar drones para atacar a la población y a la fuerza pública. Incluye además sanciones por asonada contra uniformados y rebajas sustanciales de pena para quienes entreguen información efectiva. Sobre la financiación, dijo que quien financie el terror con narcotráfico o minería ilegal “ya no se esconde detrás de un nombre político”.
De la Espriella comparó la inseguridad con la pandemia de covid-19: así como se necesitó una vacuna específica, dijo, el país necesita una para la inseguridad, y esa sería el estatuto antiterrorista. El artículo no detalla el texto del decreto ni del proyecto, que se conocerán durante la semana, y tampoco recoge reacciones de otros sectores.
