El presidente Abelardo De la Espriella lanzó una fuerte advertencia a los gobernadores del país y aseguró que su Gobierno no permitirá que autoridades territoriales adelanten negociaciones clandestinas o acuerdos por fuera de los canales establecidos con grupos armados ilegales.
La declaración se produjo durante la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar, donde el mandatario se refirió directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por los diálogos que se han desarrollado con el bloque Comuneros del Sur del ELN. De la Espriella aseguró que cualquier autoridad que cruce esa línea tendrá que responder ante la justicia.
“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, afirmó el presidente, quien cuestionó que mientras soldados y policías enfrentan a las organizaciones armadas, funcionarios públicos puedan establecer acuerdos con quienes calificó como enemigos del Estado.
El mandatario fue particularmente enfático al dirigirse a Escobar y le manifestó que no tolerará “pactos por debajo de la mesa” con estructuras terroristas. “Quiero ser muy claro, y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño: está advertido”, sostuvo durante el encuentro.
Gobernador de Nariño respondió a la advertencia
Tras las declaraciones del presidente, Luis Alfonso Escobar respondió a través de su cuenta de X y negó que su administración haya adelantado negociaciones clandestinas o acuerdos secretos con grupos armados.
El gobernador explicó que los Diálogos Regionales de Paz desarrollados en Nariño fueron impulsados por el Gobierno Nacional durante la administración anterior y contaron con delegados nacionales. Según Escobar, el proceso buscaba aplicar un enfoque territorial a la construcción de paz, teniendo en cuenta las particularidades del departamento.
Escobar también coincidió con De la Espriella en que los diálogos y negociaciones de paz son competencia del Gobierno Nacional, pero insistió en que la administración departamental no ha realizado negociaciones clandestinas ni acuerdos por fuera de los mecanismos oficiales.
La disputa pone nuevamente sobre la mesa la política del Gobierno frente a los grupos armados y el papel que pueden desempeñar las autoridades regionales en eventuales procesos de diálogo. De la Espriella ha dejado claro que su administración busca centralizar cualquier negociación y que no permitirá iniciativas territoriales que, a su juicio, puedan favorecer a organizaciones consideradas terroristas.
