Una grave denuncia sobre presunto constreñimiento electoral en el departamento de Caquetá encendió las alarmas a pocos días de la jornada electoral. Según el gobernador Luis Francisco Ruiz, integrantes de las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presión sobre habitantes de zonas rurales para favorecer a un candidato específico, mediante amenazas, multas económicas y posibles desplazamientos forzados.
De acuerdo con el mandatario departamental, los grupos armados ilegales habrían citado a líderes comunales, comerciantes y representantes de diferentes sectores para entregar instrucciones relacionadas con el proceso electoral. Entre las denuncias también figura la supuesta exigencia de presentar pruebas fotográficas del voto y el cobro de sanciones económicas a quienes incumplan las órdenes impartidas por estas estructuras.
Ruiz señaló que las presiones se concentran principalmente en municipios del norte del departamento, donde las organizaciones ilegales mantienen una fuerte presencia territorial. Según su versión, las intimidaciones buscan condicionar la libre participación de los ciudadanos en las urnas y generar un ambiente de temor entre los votantes.
Mientras el gobernador insiste en que existe evidencia de estas acciones, desde el Ministerio de Defensa se han presentado posiciones distintas sobre la magnitud de la situación. El caso ha reavivado el debate sobre las garantías de seguridad para el ejercicio democrático en algunas regiones del país, donde persiste la influencia de grupos armados ilegales sobre las comunidades.
