Distintos sectores políticos, económicos y ciudadanos respaldaron la decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella de mantener sin variación los precios de la gasolina corriente y el ACPM durante septiembre de 2026. La medida, tomada conjuntamente por los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, comenzó a regir el 29 de agosto y busca contener el impacto de los costos de transporte tras el terremoto del 10 de agosto.
La ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, explicó que el propósito es evitar que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre las familias más afectadas por el sismo, y advirtió que se hará seguimiento para garantizar que los precios se respeten en el país. El Gobierno también pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades locales reforzar los controles en las estaciones de servicio.
Según cálculos oficiales, la medida representaría un ahorro cercano a $152.600 millones para la Nación al cierre de 2026, siempre que se mantengan las condiciones actuales de biocombustibles y tasa de cambio. El Ejecutivo señaló además que entre mayo y agosto no se actualizaron los indicadores de precios, lo que habría impedido un ahorro adicional de unos $58.000 millones.
Voces como las de la senadora Sara Castellanos, el economista Mario Romero y el abogado Yamid Rodríguez coincidieron en calificar la decisión como un alivio oportuno para transportadores y hogares en medio de la emergencia, aunque el último cuestionó por qué este tipo de medidas no se priorizaron antes. La congelación de precios regirá hasta el 30 de septiembre de 2026.
