El ministro Iván Cancino solicitó a la Fiscalía esclarecer si hubo ofrecimientos de beneficios judiciales para obtener declaraciones contra Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
Bogotá, 19 de octubre de 2026. El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación penal para esclarecer las denuncias relacionadas con el denominado ‘Pacto de Valledupar’, un caso que involucra presuntas presiones a antiguos jefes paramilitares para que declararan contra reconocidas figuras políticas.
La petición fue dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, luego de conocerse las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), así como las versiones divulgadas por el periodista Melquisedec Torres y el abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso.
¿Qué se investiga en el ‘Pacto de Valledupar’?
De acuerdo con las versiones conocidas públicamente, durante reuniones realizadas en Valledupar en octubre de 2025 se habría intentado conseguir que antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) formularan señalamientos contra Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Según los testimonios divulgados, en esos encuentros presuntamente se mencionaron beneficios judiciales, una eventual incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), posibles libertades y mejores condiciones penitenciarias para familiares de algunos de los exparamilitares.
Villamizar afirmó que Angie Rodríguez y el entonces asesor presidencial Víctor de Currea Lugo habrían transmitido instrucciones que, según lo expresado durante las reuniones, provenían del entonces presidente Gustavo Petro.
El abogado sostuvo que los exjefes paramilitares se negaron a participar en la iniciativa. Estos señalamientos, sin embargo, deberán ser contrastados por las autoridades.
Las pruebas que solicita el ministro
Cancino pidió establecer quiénes participaron en las reuniones, quién las convocó, cuáles fueron sus objetivos y si existieron instrucciones, presiones u ofrecimientos irregulares.
También solicitó verificar si se intentó promover la presentación de denuncias, testimonios o pruebas falsas, así como determinar si se utilizaron recursos públicos o mecanismos de justicia transicional con propósitos distintos a los autorizados por la ley.
Entre las diligencias propuestas figuran la recepción o ampliación de declaraciones de los testigos, la revisión de agendas, registros de ingreso y comunicaciones, y la preservación de los documentos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El ministro pidió, además, determinar si los hechos ya están incluidos en una indagación de la Dirección Especializada contra la Corrupción o si resulta necesario abrir una línea investigativa específica.
Posibles delitos bajo evaluación
La solicitud plantea que la Fiscalía examine si los hechos podrían corresponder a conductas como falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal o fraude procesal, entre otras figuras que eventualmente resulten pertinentes.
Cancino subrayó que las versiones periodísticas y la realización de reuniones no constituyen, por sí solas, prueba de un delito. Por ello, insistió en la necesidad de verificar los testimonios y reunir elementos materiales antes de adoptar decisiones.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre política, justicia y antiguos integrantes de las AUC, mientras la Fiscalía deberá determinar qué ocurrió realmente en los encuentros y si existen responsabilidades penales.
