La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le alertó sobre un presunto atentado en su contra, el cual estaría siendo planeado por un grupo criminal y que estarían pagando 2 mil millones de pesos por llevar a cabo dicha acción. La revelación ha generado fuerte preocupación en el escenario político nacional, especialmente en medio del ambiente preelectoral rumbo a 2026.
Según la congresista, la advertencia provino directamente de fuentes oficiales, lo que le da un alto nivel de gravedad a la situación. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el grupo responsable ni sobre el modo en que se ejecutaría el supuesto ataque, la denuncia encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia.
El caso reabre el debate sobre las garantías para ejercer la oposición en el país, así como la efectividad de los esquemas de protección para figuras públicas. Desde distintos sectores políticos se han pronunciado pidiendo investigaciones rápidas y medidas contundentes para evitar cualquier hecho violento que ponga en riesgo la democracia.
Este episodio ocurre en un contexto de creciente polarización política y de advertencias sobre riesgos de seguridad en varias regiones del país. La situación de Paloma Valencia podría convertirse en un tema clave dentro del panorama electoral, donde la seguridad vuelve a posicionarse como una de las principales preocupaciones de los colombianos.
