La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, se pronunció sobre las recientes decisiones judiciales relacionadas con operaciones militares en zonas donde se tiene información sobre la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados.Restrepo sostuvo que el Estado tiene una doble responsabilidad: proteger a los niños, niñas y adolescentes y, al mismo tiempo, actuar contra las estructuras criminales que los reclutan o los mantienen en sus filas. En ese sentido, advirtió que la presencia de menores no puede convertirse en un mecanismo para impedir de manera general la acción de las autoridades.La directora del ICBF señaló que la situación representa un desafío para las instituciones, debido a que los menores vinculados a grupos armados son víctimas que requieren protección y restablecimiento de sus derechos. Sin embargo, también consideró necesario que las autoridades puedan cumplir su función de perseguir a quienes utilizan a niños y adolescentes dentro de organizaciones ilegales.El pronunciamiento se produce en medio del debate nacional sobre los bombardeos contra estructuras armadas y la presencia de menores en estos lugares. Las decisiones judiciales que han restringido determinadas operaciones han generado una discusión sobre cómo garantizar la protección de los menores sin permitir que los grupos criminales utilicen su presencia como una barrera frente a la acción de la Fuerza Pública.Restrepo insistió en que la prioridad debe ser sacar a los menores de los grupos armados y evitar que continúen siendo utilizados por organizaciones criminales. El debate mantiene enfrentadas distintas posiciones sobre la forma en que el Estado debe actuar frente a estos escenarios, especialmente cuando existen indicios de reclutamiento y utilización de menores por parte de estructuras armadas.
