La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar operativos para identificar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación irregular en Colombia generó un fuerte debate político en el Congreso. La medida también establece que los migrantes vinculados con actividades delictivas tendrán prioridad en los procesos de deportación.
Durante un debate en radial, la representante del Pacto Histórico, Alexandra Pineda, cuestionó la medida y advirtió que la migración irregular no puede convertirse en una política de estigmatización o exclusión. Según la congresista, la situación migratoria no debe ser tratada como un delito y pidió diferenciar entre migración y criminalidad.
Por su parte, el representante del Centro Democrático, Alejandro Murcia, defendió la necesidad de establecer controles sobre los extranjeros que permanezcan irregularmente en el país. El debate refleja la división entre sectores políticos frente a la política migratoria que pretende implementar el nuevo Gobierno.
La discusión se produce mientras el Ejecutivo busca reforzar las medidas de seguridad y priorizar la expulsión de extranjeros involucrados en delitos. Un funcionario de Migración Colombia consultado por Caracol Radio respaldó la orden presidencial y consideró que tiene sentido desde la perspectiva de la soberanía nacional y el orden público.
